Todo comenzó con la aprobación de la Ley de Costas, de competencia estatal, hace ocho años. Ésta fijaba el deslinde de dominio público marítimo terrestre a entre 100 y 200 metros de la línea de la pleamar.
El anterior Gobierno de la Xunta le dio la razón al Estado, en parte para amparar su moratoria en la concesión de Licencias Urbanísticas en la costa; pero Feijoo, al tomar posesión de la Presidencia, impulsó unas nuevas Directrices de Ordenación do Territorio y un Plan de Protección do Litoral Galego.
Nada más alcanzar la Presidencia, promovió una modificación en la Lei de Vivenda que fue recurrida en amparo por el Gobierno Español ante el Tribunal Constitucional, pues entendía que afectaba a sus competencias de gestión.
Ahora, ante la presión de grupos sociales de afectados por el deslinde, el Ministerio de Medio Ambiente acepta la modificación de esa línea para la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Marín, concello que abanderó el asociacionismo de los afectados.
Han dejado claro que el caso de Marín es único, pero ahora el BNG "reta" al PP a defender en Madrid los mismos intereses. Significa la ruptura (otra vez) del consenso en materia de urbanismo y ordenación territorial.
