La falta de capacidad financiera de los Concellos para hacer frente a las indemnizaciones se presenta como una de las principales causas. Muchas de ellas supondrían la quiebra de las entidades locales. Pero además, prevalecen derechos superiores sobre la legalidad urbanística; por ejemplo, el derecho a la vivienda y la "buena fé" del comprador, desconocedor de la situación de ilegalidad: la vivienda se construye con la necesaria Licencia del Concello, que posteriormente es anulada por los Tribunales.
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